Renegociando el Acuerdo: El silencio de la Izquierda

SURda

Opinión

Colombia

 

|Por Gearóid Ó Loingsigh*|

 

Renegociar está de moda. El Presidente-Electo de los EE.UU., Donald Trump amenaza con renegociar todo, o simplemente quemar los acuerdos firmados por el país.  Pero la Derecha colombiana le ganó en esa carrera.  Después de su victoria en el plebiscito, Uribe y los pastores evangélicos entre otros, no perdieron tiempo en exigir la renegociación de lo acordado.  Los temas más salientes, los derechos de la comunidad LGBTI, la impunidad para Uribe y sus secuaces y por supuesto, como parte de eso, la cuestión de las tierras.  La Izquierda, sin embargo, guardó silencio sobre el contenido de los acuerdos y alzó su voz para defenderlos en tu totalidad.
Casi toda la Izquierda salió a pedir a la población que se movilizara en defensa del Acuerdo Final de Paz, incluyendo los que expresaron su rechazo o discrepancias a varias partes del texto, es decir, los que hicieron campaña pidiendo que la gente votara Sí, pero…
Ahora que se renegoció el acuerdo, pudieron aprovechar la coyuntura para hacer lo mismo que la Derecha; exigir cambios en el texto.  Pero no, no pidieron nada.  ¿No hay nada que les gustaría cambiar?  ¿Qué fue ese Pero?  Vale la pena mirar donde en el texto se pudo pedir o por lo menos plantear cambios.  Hay muchos cambios, muy reformistas, que se pudo hacer, pero la Izquierda ni los planteó.  Prefirieron defender un acuerdo que en algunos casos criticaron duramente.  Aquí se pretende mirar al Acuerdo en cuánto a las propuestas agrarias.
Cuando firmaron el Acuerdo, era, supuestamente, un acuerdo final, es decir, inmutable, y las FARC en Conferencia X afirmaron:
Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de intervención en la vida nacional. [1]
Pero es obvio, ahora que se renegoció puntos importantes del Acuerdo, que este no respondía a las condiciones mínimas para dejar las armas.  Lo mínimo no existe, ni siquiera después de la muerte en combate de dos integrantes de las FARC en medio de supuesto cese bilateral. En eso, el proceso se parece al proceso de Irlanda, donde el IRA y Sinn Féin, anunciaban una y  otra vez líneas rojas, hasta que se les agotó la tinta roja y guardaron el silencio definitivo, sin mayores intentos de seguir engañando a su base social.  Nada en los acuerdos de Irlanda era definitivo, y se los renegociaron una y  otra vez.  Nada es definitivo en el proceso de Colombia, a pesar de que ambos acuerdos llevan el nombre  Acuerdo Final .  En Irlanda, por lo menos tenían le decencia de ponerles nombres distintos a los acuerdos, aquí en Colombia, parece una película de vaqueros y bandidos, y sólo falta que Humberto de la Calle, anuncia El Acuerdo Final Cabalga de Nuevo para luego presentar El Hijo del Acuerdo Final.  Todo era negociable, y sólo la Derecha decidió aprovechar la coyuntura.
Primero hay que dejar claro, que el Acuerdo no promete ni plantea en ningún momento una verdadera Reforma Agraria.  Las FARC en su Conferencia X reconocieron esa realidad en su documento interno. 
Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes.  Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios … [2]  (énfasis fuera del original).
Así, esa crítica lo vamos a dejar de un lado, por el momento.  Vamos a mirar algunos otros puntos primero, donde hasta el más reformista, la ONG y el político corrupto podrían estar de acuerdo, aunque no lo dicen.
Cuando se mira al texto, uno ve, una larga lista de iniciativas donde el Estado se compromete, montar comisiones, comités, espacios etc. para fortalecer, promover, diagnosticar y hacer un seguimiento.  Si cumplen con la mitad de lo que dicen, tendrán que crear una burocracia de la paz sin precedentes.  Por supuesto, las ONG están salivando.  Amplios sectores del Polo que vivieron de, y robaron, el erario público en Bogotá (igual que la Derecha) también están salivando, imaginando los puestos que pueden conseguir en esas nuevas instancias ya que perdieron la mermelada de la Alcaldía de Bogotá.  Pero hay varios ejemplos, donde la Izquierda podría plantear cosas concretas, inclusive con sus apetecidas y lucrativas comisiones.  Pero no se atreven a hacerlo.
Salud para el Campesinado
El punto 1.3.2.1 del Acuerdo trata el problema de salud para el campesinado.  El gobierno y las FARC proponen:
fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios.
Entre los criterios que mencionan se encuentran, la construcción y mejoramiento de la infraestructura, enfoque diferencial y de género y “un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en la prevención”.  Hasta aquí no hay nada que criticar, son puntos que deben formar parte del programa de cualquier gobierno.  Pero no estamos hablando de un programa o propuesta técnica frente a la salud.  Estamos hablando de un Acuerdo que jacta de poner fin a las causas del conflicto y no mencionan ninguna de las causas de los problemas que viven en el campo en cuánto a la salud.  El campesinado, como el resto de la población es víctima de la legislación que rige en la materia, es decir, la Ley 100.  Pero no la nombran en ningún momento.  No proponen una revisión siquiera de esa ley, ni una lucrativa comisión, que tanto les gusta, para diagnosticar la situación.
Algo parecido pasa con la educación.  Existen leyes, decretos etc. que afectan no sólo al campesinado sino a las clases populares en su conjunto, tanto urbano como rural.  Pero las FARC guardaron silencio.  La Izquierda que ha convocado, y seguramente volverá a convocar marchas o protestas contra las políticas de salud y educación, no dijeron absolutamente nada y cuando salió el nuevo Acuerdo Final, lo alabaron sin siquiera haberlo leído, tal como hicieron con el primer acuerdo.
El Agro
Si miramos al punto de las semillas, un tema que afecta directamente al campesinado, vemos algo que se puede clarificar, modificar, precisar.  En el punto 1.3.3.2 el Acuerdo afirma:
La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder al material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común.
Es algo ambiguo cuando habla de promover y proteger las semillas nativas.  Existe legislación que obliga al campesinado usar las mal llamadas semillas certificadas o mejoradas.  ¿No pudieron nombrar la legislación que toca cambiar?  Por lo menos darnos una idea de que se trata, en que están pensando.  Pero no.  Sin embargo, incluye algo positivo, aunque general, sobre los transgénicos y el bien común.  Así se quedó para la Izquierda, algo impreciso, que dejaba muchas dudas.  La ultra Derecha colombiana, no se quedó quieta, y logró una transformación más precisa y reaccionaria.  En este punto el nuevo Acuerdo Final se lee de la siguiente manera:
La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas,  sin restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas, híbridos y otras,  para que las comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder a material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios.  Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común (énfasis fuera del original).
Así, se promoverán las semillas nativas pero sin restringir ni imponer otras clases de semillas.  De un plumazo, ponen las semillas nativas a competir con las mejoradas, sin la posibilidad de incentivos reales para esas semillas.  Claro, algunos dirán que no hay restricciones como las que existen actualmente, pero las restricciones legales no son las únicas que cuentan.  Pueden restringir el uso de las semillas nativas, limitando, no las semillas sino los créditos para dichas semillas, o quitando subsidios etc. Mantiene la regulación a los transgénicos.  Sin embargo, aún donde son permitidos en el mundo, son regulados, es como decir la estricta regulación de los fármacos, algo obvio, pero no impacta su uso generalizado frente a tratamientos distintos a los fármacos.  Después de años de persecución las semillas nativas vuelven a competir, pero ya con el daño hecho y sin medidas para remediar la situación.  Ni siquiera pudieron prohibir los transgénicos, simplemente los regulan.
Si la Izquierda no tuvo nada que decir frente a temas, relativamente sencillos, como las semillas, pues nada pudo decir, o nada quiso decir frente al tema del modelo agrícola.  Se limitan las Zonas de Reserva Campesina a las actuales, introducen el concepto de la “buena fe” para los criminales que compraron los terrenos de los desplazados.  En menos de tres meses, un grupo de expertos recomendarán cambios normativos que “ cuando sea posible:  Regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe” (énfasis fuera del original). 
Este último es un punto importante, pues en muchas zonas los empresarios no actuaron directamente, sino mandaron a los paras a actuar y ellos luego compraron los terrenos, los cuales pasaron por manos campesinas antes de finalmente reposar de “buena fe” en las sucias pero alejadas manos de los terratenientes.  Es difícil comprobar la mala fe en tales circunstancias.  La contra-reforma agraria de los paras se legaliza.  No existen cifras exactas sobre la cantidad de tierras arrebatadas a los campesinos, sino cálculos más o menos acertados, pero no hay duda alguna que la cifra supera con creces los tres millones de hectáreas que formará parte del Fondo de Tierras mencionado en el Acuerdo.  Es decir, los hampones que compraron de “buena fe” tienen en sus manos más tierras que el Acuerdo repartirá y ahora con el nuevo cambio pueden quedarse con esas mismas tierras.
Además, según la reciente publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica,  Tierras y Conflictos Rurales , entre 1995 y 2012 adjudicaron 253.262 hectáreas a 85 personas en lotes superiores a los 2.500 hectáreas.  En el mismo lapso entregaron 109.334 hectáreas a 13 personas en lotes superiores a los 5.000 hectáreas. [3]   Se supone que los baldíos de la nación solo pueden ser entregados a campesinos pero además no es permitido entregar lotes tan grandes.  ¿Podrán estos personajes alegar “buena fe” en su adquisición de baldíos?  Seguramente que sí.   Es más, el Acuerdo no contempla como recuperar esas tierras y evitar la entrega de baldíos en lotes tan grandes y a personas que no son del campo.  De hecho, la política estatal actual, va en sentido contrario.  No es secreto que Santos quiere entregar grandes lotes a multinacionales como Cargill y los ingenios de azúcar.  El Acuerdo, es sólo un ejemplo más de esas políticas, esta vez con el apoyo de las FARC y el silencio de una Izquierda que no merece el nombre.
El modelo agro-exportador sigue vigente.  Insertaron en los principios del Acuerdo (página 12) la siguiente perla.
Desarrollo integral del campo:  el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes –agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.
Está claro que el nuevo Acuerdo clarifica que la Paz va de la mano con las políticas actuales del gobierno de Santos y no representa ninguna contradicción con la ley de las ZIDRES ni ninguna otra iniciativa del Estado.  Para rematar, clarifican para los empresarios y paramilitares que “Nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada.”
El nuevo Acuerdo no sólo reafirma la situación actual de la tenencia y uso de la tierra sino el modelo de producción en las zonas rurales.  En varias partes habla del trabajo asociado, es decir, donde el trabajador rural conforma una asociación para licitar su trabajo, ya no como empleado, sino como “pequeño empresario”.  Valga la pena recordar, que todos los izquierdosos, incluyendo los que ganan su sueldo calentando su sillón en el congreso han denunciado una y otra vez esta forma de empleo.  La huelga de los corteros de caña dejó al descubierto este sistema de trabajo al destajo.  Pero aquí forma parte de un acuerdo de paz, y los uribistas lograron agregar un párrafo muy importante sobre la asociatividad  y los campesinos en el punto 1.3.3.6
Asociatividad:  el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.
Este modelo de producción donde el campesino corre con los gastos de la siembra y amarra su futuro a un producto agro-exportable en “asociación” con las empresas grandes es el viejo sueño de la oligarquía colombiana y es un modelo aplicado en muchos países.  En los noventa experimentó su mayor empuje en Colombia mediante una alianza entre el cura jesuita Francisco de Roux, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Unión Europea, y el mal llamado componente social del Plan Colombia (no olvidemos este último elemento).  Hoy en día es política oficial del Estado y también del Banco Mundial, el FMI y los gremios como Fedepalma, entre otros.  Centenares de dirigentes campesinos dieron su vida luchando contra ese modelo a finales de los noventa y principios de este siglo, lo más notable siendo los 500 dirigentes asesinados en el Sur de Bolívar después del Éxodo Campesino de 1998.  Quizás murieron por nada, ahora que la Izquierda y los defensores de derechos humanos alaban un acuerdo que implementa el modelo contra lo cual lucharon.  ¡Qué vergüenza!  El tiempo nos dirá que harán las organizaciones campesinas que llevaron a cabo esas luchas frente al Acuerdo y una Izquierda acomodada que los quiere traicionar.
Como paliativo anuncian al final de ambas versiones del Acuerdo:
Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la comercialización, incluyendo, cuando sean necesarios, apoyos directos para el fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía campesina, familiar y comunitaria  se eviten o minimicen los impactos negativos que supongan la internacionalización de la economía y la liberalización del comercio  (énfasis fuera del original).
Es decir, intentarán evitar los impactos del modelo que quieren implementar.  Qué bien que hayan pensado en los impactos negativos al final, pero es dudoso que implementen esta parte, pues es poco probable que esos subsidios directos a la producción cumplan con las reglas de la OMC.  Luego el gobierno dirá que sus manos están atadas y ni quiero pensar que dirán las FARC y la Izquierda no armada.
Con este acuerdo las FARC y la Izquierda no armada, apoya todo lo que criticaron durante tantos años.  Sus compañeros pelearon y fueron asesinados por el paramilitarismo para imponer ese modelo y ahora es el modelo de la paz.  Pero el nuevo Acuerdo Final, no tiene la última palabra.  Más adelante habrá más cambios y peores.  El Acuerdo ya no forma parte del Bloque de Constitucionalidad, así un simple acto legislativo puede cambiar cualquier parte, tendremos El Acuerdo Final Cabalga de Nuevo Sobre El Campesinado, pero a diferencia de esas películas baratas de los años sesenta y setenta no habrá un héroe que llegue al último momento para salvar al pueblito, o por lo menos esos personajes no surgirán entre la Izquierda callada.  Corresponde a los campesinos y los obreros reorganizarse, muchas de sus organizaciones ya no sirven, casi ninguna organización de derechos humanos sirve, entregaron a las comunidades, sus muertos y sus demandas políticas a cambio de nada y en varios casos lograron convencer a las comunidades que era el camino correcto.
(*) Contactos:  goloing@gmail.com

[1]  Las 2 Orillas (25/09/2016)  ¿Que discutieron las FARC en sesión cerrada durante los 7 días de la

X Conferencia?  www.las2orillas.com [2]  Ibíd., [3]  CNMH (2016) Tierras y Conflictos Rurales: Historia, Políticas Agrarias y Protagonistas, Bogotá, CNMH. Página 222.

Fuente: http://www.elsalmon.co/